Con la creación de zonas francas exclusivas para la industria lechera y la regulación de las ventas de cuero virgen, el gobierno busca minimizar los impactos del TLC con la Unión Europea.
El pulso se inició hacia abril de 2010, justo cuando los equipos negociadores de Colombia y la Unión Europea afinaban los últimos detalles del acuerdo comercial que habían comenzado a definir poco más de un año atrás. Entonces, los lecheros del país agrupados en la Federación Colombina de Ganaderos (Fedegán) aseguraron que, tal como estaban las condiciones, 300.000 pequeños productores se irían directo a la quiebra por una sencilla razón: mientras producir un litro de leche aquí costaba más de 36 centavos de dólar, en el Viejo Continente, gracias a los subsidios convenidos, ese valor bajaba a 27 centavos de dólar.
Hoy, tres años después, ese descontento sigue latente. Pero tanto el gremio como el gobierno han diseñado su propia hoja de ruta para impedir que el tratado, que entrará en vigor el próximo jueves 1º de agosto, arruine la productividad. Gracias en buena medida al documento Conpes 3675, que ha asignado $385.000 millones (US$204,1M) entre 2011 y 2027 para impulsar la competitividad de la cadena láctea, la producción nacional pasó de 6.200 millones de litros de leche en 2010 a 6.500 millones el año pasado.
Por eso representantes del sector se reunieron a puerta cerrada con el presidente Juan Manuel Santos con el objetivo de presentarle una nueva propuesta de política estatal, apoyada en el giro de $1 billón anuales por 10 años para respaldar la reconversión industrial y reconstruir la malla vial terciaria con el fin de facilitar la venta de sus productos. Dichas peticiones se consignarían en un proyecto de ley.
Aún no se sabe si este pedido se sumará al presupuesto que el Gobierno piensa girarle al sector para hacerlo más competitivo. En realidad, las cuentas oficiales contemplan $100.000 millones aprobados dentro del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe) que se entregarán este año. “Hace dos semanas se aprobó la ley de traslado presupuestal del plan, por lo que ese dinero irá al Ministerio de Agricultura para invertirlo en los programas de transformación productiva para el sector”, reveló Sergio Díaz-Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo, en diálogo con El Espectador.
Esa partida se complementa con los 30 millones de euros ($75.000 millones) que Bruselas entregará hasta 2014 para mitigar los efectos del acuerdo en la industria colombiana, y que serán administrados por la cartera de Agricultura (en proyectos productivos) y Bancoldex (en créditos reembolsables). Sin embargo, cabe decir que la hoja de ruta del Gobierno también contempla acciones estratégicas, como designar nuevas zonas francas exclusivas para la producción láctea.
“Contarán con menos requisitos de empleo e inversión para estimular la transformación de los productos de la cadena. El decreto ya está firmado por mi despacho y sólo falta la rúbrica del Ministerio de Hacienda”, cuenta Díaz-Granados, y agrega que el gran objetivo es reversar el pálido desempeño de la industria colombiana: a pesar de estar entre los 15 primeros hatos lecheros del mundo, con 24,7 millones de cabezas de ganado en 2012, por su competitividad ocupa el puesto número 90.
Esa misma estrategia se aplicará a otros sectores, como el calzado, gracias a la expedición de un decreto que regulará la venta de cuero crudo al exterior. De esta forma se busca ponerle punto final a una práctica adversa: la venta de materia prima sin valor agregado a fabricantes chinos, que lo transforman en zapatos y productos de marroquinería en su país para venderlos en Colombia a un precio inferior al del mercado local.
“Esperamos que de esta forma el cuero se quede en Colombia y pase por las curtiembres colombianas, que se han modernizado ante las expectativas de posibles exportaciones”, dice Luis Gustavo Flórez, presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam).
