Uno de los beneficios tributarios más atractivos para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, y para la confianza inversionista, el que permite que una parte de la inversión que se realice en activos fijos productivos sea descontada en la declaración de renta, está a punto de desaparecer, no sin antes generar una fuerte polémica.
El proyecto del Gobierno, que será debatido mañana, a través del cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad, propone tumbar de un solo tajo la gabela tributaria que, según Horacio Ayala, consultor de impuestos, ha sido el beneficio más costoso e ineficiente que ha tenido el país.
«Cifras de la Dian confirman que, entre 2007 y 2008, los beneficios y exenciones en el impuesto de renta le costaron al Estado 13,8 billones de pesos, de los cuales 7 correspondieron a la deducción por compra de activos».
Desmontarlo ahora permitirá recuperar ingresos por 4 billones de pesos anuales, de acuerdo con los cálculos del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Sin embargo, la anunciada medida ha empezado a generar desazón entre algunos empresarios, teniendo en cuenta que su eliminación estaba prevista en forma gradual y ahora se hará de una sola vez.
«Los activos fijos son el verdadero y más importante beneficio que tiene la legislación colombiana para atraer inversión extranjera», indica Pedro Sarmiento, de la firma Deloitte Asesores.
En respuesta a ese concepto, el Ministro de Hacienda aclaró que «El desmonte no se concertó porque fue una oferta de los gremios de la producción en cabeza de la Andi». Con respecto al adelanto de la medida, Echeverry agregó: «se tomó esa decisión porque, si no se quiere que se aprecie la tasa de cambio, lo fundamental es cerrar más rápido el déficit fiscal y evitar así que el Gobierno tenga que traer dólares al país. Por eso había que acelerar la eliminación de la deducción».
En el mismo sentido, el presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, dijo que «n el sector privado no estamos haciendo fiesta por el desmonte del 30 por ciento en la deducción por inversión en activos fijos; hay sectores muy golpeados que necesitan este estímulo, pero el momento exige este sacrificio, ante la amenaza de una mayor apreciación cambiaria y la imperiosa necesidad de una formalización de la economía».
Villegas recuerda que, por el sacrificio, «El Gobierno no puede olvidar la necesidad de una compensación en materia de costos empresariales. Me refiero a la eliminación de la sobretasa del 20 por ciento en las tarifas de energía no regulada industrial, de la reducción de trámites y de la ejecución de obras de infraestructura que permitan al aparato productivo bajar sensiblemente sus costos logísticos».
Entre los analistas económicos, aunque hay consenso a favor del desmonte de la gabela, también reclaman beneficios para los empresarios. El ex ministro de Hacienda, Guillermo Perry, señala: «Me parece bien que lo desmonten, pero preferiría que eso estuviera acompañado por una reducción de la tasa del impuesto de renta para las empresas (por ejemplo a 25 por ciento) y un gravamen complementario (8 por ciento) a los dividendos o utilidades distribuidos a personas naturales y no residentes».
Por su parte, el director de Anif, Sergio Clavijo no sólo avala la iniciativa, sino que aplaude que se haga de manera anticipada a lo que se propuso en un comienzo.
«Esto evitaría que el déficit fiscal del Gobierno central se deteriore hacia el 5 por ciento del Producto Interno Bruto, frente a crecientes presiones de gasto».
Desde estas perspectivas, no hay que desconocer que la medida es clave para el país, sin embargo, también es cierto que hay un abultado paquete de exenciones tributarias que seguirán ‘rompiéndole’ el bolsillo al Estado. Según el tributarista Horacio Ayala, «Sólo en el primer año del gobierno anterior se crearon diez nuevas exenciones del impuesto sobre la renta hasta por 20 años, pero los costos entre todas son mínimos si se comparan con los efectos demoledores para las finanzas públicas de la deducción especial por compra de activos fijos productivos».
Adicionalmente, está el problema de que el desmonte no será para todos. Según agrega Javier Hoyos, director de la firma Gestión legislativa y Gobierno, «quienes hayan obtenido su protección a través de contratos de estabilidad jurídica, conservarían la exención».
Y la propuesta de Luis Carlos Villegas apunta a una transformación más general y profunda. «Es necesario optimizar el recaudo, luchando contra la evasión, la elusión y la morosidad tributaria. En un futuro no lejano, el país debería contar con un sistema tributario simplificado, predecible, transparente, con menores tarifas y fácil recaudación».
70 contratos de estabilidad jurídica firmados y 3 aprobados, pendientes de firma, quedarían blindados del desmonte de la deducción por inversión en activos fijos.
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