Con la próxima creación de una unidad para delitos financieros, la Fiscalía busca llenar los vacíos que subsisten en las investigaciones sobre los fraudes que afectan el mercado de valores.
Varios de los detectives que en 1991 hicieron parte del equipo dirigido por el procurador italiano Antonio Di Pietri, arquitecto de la famosa operación “Manos Limpias” –hito de la lucha contra la corrupción en Italia– estaban en capacidad de leer e interpretar los estados financieros de una compañía, de entender la naturaleza de una operación bursátil y comprendían las modalidades de ocultamiento o blanqueo de dinero de la época.
De una formación similar hicieron gala los agentes de los servicios judiciales que acompañaron al fiscal que, autorizado por el Papa, dispuso recientemente el arresto de Paolo Apnani y Massimo Tolli, dos de los altos directivos del Instituto para la Obras Religiosas (IOR), mejor conocido como el Banco Vaticano, sindicados del desvío de 23 millones de euros y de un posible lavado de activos.
Sus resultados fueron posibles gracias a que las principales academias de formación policial en Europa se ocupan de la especialización de los servicios que prestarán sus egresados. Su modelo ha superado incluso al de Estados Unidos, que apenas hace cuatro años decidió crear una policía financiera, con componentes de 20 agencias y departamentos, después de vivir dos amargas experiencias: la crisis generada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la posterior caída del imperio financiero edificado sobre arena por Bernard Maddof.
“La misión del grupo especial (policía financiera) no es solo exigir responsabilidades a aquellos que han contribuido a la última crisis financiera, sino prevenir que ocurra otra”, afirmó entonces en Washington el fiscal general Eric Holder.
La idea acaba de ser retomada en buen momento en Colombia por el fiscal general, Eduardo Montealegre. Aunque se venía elaborando de tiempo atrás, su proyecto cobró urgencia a raíz de las recientes experiencias con las investigaciones penales derivadas de las caídas de Proyectar Valores e InterBolsa.
Prevalidos de buena voluntad y de la experiencia empírica que han adquirido en sus trabajos de campo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial de la Fiscalía (CTI) hicieron registros, allanamientos y recopilaron pruebas fundamentales. Pero tanto ellos como los fiscales a cargo de los procesos se tuvieron que tomar un tiempo relativamente largo para entender qué era una operación repo y para familiarizarse con la arquitectura financiera de papeles utilizados por directivos de firmas del mercado de valores para desviar más de $150.000 millones que les habían sido confiados por sus clientes.
TÉCNICOS, NO EMPÍRICOS
El vicefiscal general, Jorge Perdomo, no tiene problema en reconocer que los investigadores tuvieron que acudir a la Bolsa de Valores Colombia para capacitarse y recibir información especializada sobre un tema cuyas características no encuadraban, en principio, con los delitos con los que todos ellos estaban acostumbrados a trajinar.
“Con el caso InterBolsa –explica Perdomo– se han estrenado algunos de los delitos más recientes de los descritos en el Código Penal. Uno de ellos es el de la administración desleal de valores. Para sacar adelante las investigaciones en curso y prevenir que en el futuro se repitan crisis como esta, es necesario tender puentes más sólidos entre la legislación penal y el Estatuto Financiero. También, tecnificar los mecanismos de investigación”.
Desde esa perspectiva, la creación de una Policía Financiera y Económica (denominación oficial que le da el proyecto) tiene razones especiales que la justifican. La mayor parte de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) son experimentados y acuciosos, pero no tienen formación profesional.
Buena parte de sus habilidades se concentran en la investigación de homicidios, secuestros y otro tipo de conductas de ocurrencia frecuente.
Son esos hombres y mujeres del CTI los encargados de reunir, analizar y preparar informes que les sirven de base a los fiscales para tomar sus decisiones. Una evaluación errónea de una prueba puede significar el fracaso de un proceso o conducir a conclusiones equivocadas.
El CTI, que de todas maneras tiene una trayectoria de logros importantes, permanecerá. La Policía Financiera obrará como cuerpo independiente de aquel, pero también tendrá misiones de policia judicial altamente especializadas. Por eso, de su estructura harán parte expertos en finanzas, economía, administración de empresas y funcionamiento del mercado bursátil. Serán incorporados también quienes hayan desarrollado técnicamente destrezas para investigar lavado de activos y una buena gama de delitos relacionados con actividades económicas.
Los costos que demande la ejecución del proyecto parecen asegurados. “La Fiscalía produce anualmente recursos superiores a los de su presupuesto ordinario. Lo hace, por ejemplo, con la incautación de bienes destinados a la extinción de dominio”, explica Perdomo.
El surgimiento del cuerpo especializado podría hacer parte de los mecanismos disuasivos en los que ha pensado el Estado para poner fin a unas prácticas en un mercado en el que, hasta ahora, no ha bastado con la autorregulación.