La polémica sobre la inconveniencia del impuesto a las transacciones financieras (4×1.000) revivió por cuenta de que ahora quieren extenderlo a las operaciones de bolsa.
El proyecto de gravar con el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), más conocido como el 4×1.000, las operaciones de compensación y liquidación hechas por comisionistas de bolsa y fiduciarias -hoy exentas- tiene conmocionado y en alerta al mercado bursátil.
Para los comisionistas de bolsa, el gravar las transacciones derivadas de una operación en bolsa sería un duro golpe que afectaría el boom que está viviendo el mercado de capitales y que pondría incluso en riesgo la supervivencia de varias firmas.
Para el Gobierno, se trata simplemente de evitar la elusión que se estaría haciendo mediante la utilización de estas operaciones para hacer pagos de nómina, a proveedores y terceros, con lo cual se estarían dejando de percibir alrededor de $400.000 millones.
Para los analistas es otra muestra de cómo, ante un impuesto totalmente anti-técnico que encarece, limita y distorsiona las transacciones, los agentes económicos encuentran las formas de evitarlo, haciendo que su eficiencia caiga y que el Gobierno realice sucesivos ajustes (mayores tarifas y menos excepciones) que traen cada vez más efectos perversos sobre la bancarización, la formalización de la economía y el desarrollo de los medios de pago, entre otros efectos. Por esto, si bien significa una fuente importante de recaudo (más de $3 billones al año) insisten en la necesidad de su eliminación.
Al cierre de esta edición no se conocía si el Gobierno iba a dejar el decreto firmado. Pero lo más probable es que la decisión final sobre su implementación le corresponda al nuevo Gobierno.
Durante la campaña presidencial, Juan Manuel Santos habló de una reducción gradual (1 punto por año) de este impuesto. «Entre 2011 y 2012 ese impuesto estará en 3×1.000; del 2013 al 2014 será del 2×1.000; a partir de 2015, 1×1.000; y en 2016 quedará la tarifa en cero», afirmó en su momento el nuevo Presidente.
Sin embargo, se requerirá gran decisión política. El ministro de Hacienda saliente, Oscar Iván Zuluaga, está hablando de no eliminarlo pero permitir que sea 100% descontable del impuesto de renta al igual que la retención en la fuente.
La discusión
La gran discusión que ha traído el proyecto es dónde termina la operación del mercado de valores que está exenta del 4×1.000, pues los comisionistas que administran portafolios de terceros han evitado el pago del impuesto que tendrían que hacer las empresas girándoles directamente a sus empleados o a terceros.
Según el Gobierno, cuando la firma comisionista entrega a un tercero el resultado final de la inversión se genera el impuesto por tratarse de una disposición de recursos que no se encuentra dentro de la operación de compensación y liquidación de los títulos; mientras para los comisionistas, la operación de bolsa está exenta, sin importar quién sea el beneficiario final del giro.
Además, los comisionistas piensan que se crearía una asimetría regulatoria muy complicada pues el Consejo de Estado determinó que los bancos pueden hacer pagos a terceros sin causar el 4×1.000 a través de los llamados créditos intradía. «Se haría un daño gigantesco al mercado de valores y a las firmas comisionistas sin crear un efecto sobre el recaudo del Gobierno, pues este tipo de operaciones las harían los bancos», afirma Emilio Archila, presidente de Asobolsa, gremio de los comisionistas.
Para el gremio, al mercado de valores se le quitaría liquidez pues hoy en día un importante volumen de las operaciones en bolsa se hace en corto lo cual afectaría los mismos papeles del Gobierno. Y, al reliquidar todas las operaciones realizadas durante los últimos dos años, se afectaría el patrimonio de muchas firmas. Según algunos comisionistas consultados, esto podría tener un costo de entre $300 millones y $500 millones semanales por firma, lo cual «reventaría al sector», afirman. Para Zuluaga, la medida no sería retroactiva y está de acuerdo en que hay que evitar la asimetría regulatoria frente a los bancos.
Llegó la hora
A pesar del consenso sobre las características antitécnicas del 4×1.000 y la necesidad de eliminarlo, este gravamen que nació en 1998 como temporal ya completó más de una década de modificaciones (ver gráfico).
¿La razón? Es uno de los impuestos que mayor recaudo trae y es fácil de administrar. En 2009, el recaudo del 4×1.000 alcanzó una cifra superior a los $3,2 billones, alrededor de una tercera parte de lo que se recauda por el IVA sobre la actividad económica interna. Es más, durante la vigencia del impuesto, este ha recaudado alrededor de $30 billones, lo equivalente a varias reformas tributarias.
No obstante, su efectividad (recaudo como porcentaje del PIB) siempre termina cayendo. Luego de alcanzar un pico en 2004, cuando subió su tarifa del 3×1.000 al 4×1.000, con un 0,73% del PIB, su eficiencia ha venido cayendo y hoy se encuentra alrededor del 0,57% del PIB ante factores como la mayor preferencia por el uso del efectivo que trae el mismo impuesto.
Según Asobancaria, antes de la introducción del gravamen a los movimientos financieros la relación entre el efectivo y las cuentas corrientes era de 57%. Esta relación en la actualidad es del 97%, similar a la vigente en Colombia en los años 40.
Está desinformalización de la economía conlleva mayor inseguridad y menores impuestos pues se deja de recaudar imporrenta e IVA por el mayor uso del efectivo.
Además, este impuesto afecta la intermediación financiera encareciendo el acceso al crédito, el desarrollo de los medios de pago y, por tanto, frenando la bancarización de la economía. Es un impuesto que desinformaliza y atrasa el desarrollo financiero. Su efecto es imponderable pues grava un mismo peso varias veces.
El nuevo gobierno tendrá que sopesar los certeros ingresos que este produce contra los incuantificables costos y las distorsiones que causa sobre la economía y ahora el mercado de valores. Es hora de abandonar el corto plazo y pensar en cambios estructurales.
