La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, prometió un nuevo esfuerzo nacional para mejorar el transporte y los servicios de salud, demandas clave de las masas de manifestantes que salieron a las calles este mes.
El problema es que un mayor gasto es justo lo opuesto a la receta que muchos economistas afirman que es esencial aplicar para controlar el aumento de la inflación y los déficits del país.
El movimiento de protesta tomó forma hace unas semanas debido a alzas en las tarifas de autobús en São Paulo y creció hasta convertirse en un amplio repudio a los servicios gubernamentales y la corrupción en general.
Ahora, la situación puso en aprietos a las autoridades brasileñas. Antes de que comenzaran las protestas, las conversaciones en Brasilia se centraban en cómo recortar el gasto en momentos en que el real cayó a su nivel más bajo desde 2009.
«El problema que tienen es que necesitan calmar a dos pares interesadas muy nerviosas, el mercado y la población, y están pidiendo cosas distintas», indicó Pedro Barbosa, socio del fondo de cobertura STK Capital, con sede en Rio de Janeiro.
Rousseff llamó a la calma en un discurso a última hora del viernes, un día después de que manifestantes en Brasilia ingresaran por la fuerza al Ministerio de Relaciones Exteriores y causaran destrozos en su lobby.
Rousseff, una ex guerrillera marxista y la primera mujer presidenta del país, buscó identificarse con los pedidos de los manifestantes. Llamó a un pacto nacional con los gobernadores para mejorar los servicios. Asimismo, prometió gastar en educación todos los ingresos del país previstos por nuevos descubrimientos petroleros en alta mar.
«Si sacamos ventaja de esta nueva fuerza política, podemos hacer muchas cosas que Brasil aún no ha podido hacer», afirmó.
Las protestas, sin embargo, no terminaron luego del discurso de Rousseff. Manifestantes en São Pablo bloquearon el aeropuerto internacional de la ciudad, obligando a los pasajeros a bajarse de los autos y caminar por la autopista con su equipaje para poder tomar sus vuelos.
Las autoridades de Rio de Janeiro reportaron saqueos. El sábado, más de 60.000 personas marcharon por las calles de la ciudad sureña de Belo Horizonte y se enfrentaron con la policía cerca de donde se jugaba un partido de la Copa Confederaciones.
En otras partes del país, los manifestantes regresaron a las calles en menores cantidades y con menos intensidad, lo que les dio esperanza a las autoridades. En São Paulo, por ejemplo, una multitud de 30.000 personas marchó contra la corrupción, incluidas muchas familias con niños. Algunos de los que regresaron a las calles indicaron que tenían poca confianza en que Rousseff pudiera cumplir las promesas que hizo en su discurso.
«Decir que vas a mejorar la educación, la salud y el transporte es fácil, pero lo que hace falta realmente es terminar con toda esta corrupción que sólo termina robando las inversiones», sostuvo Celso Capela, un vendedor ambulante en el estado de Salvador, en el noreste de país.
Pero incluso si Rousseff puede poner en marcha su visión de mejores servicios gubernamentales, la sabiduría tradicional indica que la única forma de financiarlos será con más deuda.
«No hay espacio para recortar costos», indicó el diputado federal José Guimarães, quien lidera el izquierdista Partido de los Trabajadores de Rousseff en la cámara baja del Congreso.
En una entrevista, Guimarães dijo que impulsaría la votación de un proyecto de ley para aprobar una de las ideas centrales de la presidenta, destinar a la educación las regalías de grandes nuevos descubrimientos petroleros. La propuesta enfrenta la oposición de legisladores que quieren que el dinero sea transferido a los estados, pero el clima político cargado podría inclinar la balanza.
Rousseff también quiere importar unos 6.000 médicos de Cuba y Europa, afectada por la recesión, para apuntalar los servicios de salud públicos.
Los problemas financieros no se registran solamente a nivel federal.
Las ciudades de São Paulo y Rio de Janeiro ya prometieron anular los aumentos de tarifas de autobús que desataron las protestas. El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sostuvo la semana pasada que la medida le costaría a la ciudad unos US$100 millones al año y significaría menos gastos en otras áreas.
Paulo Petrassi, gestor de fondos de Leme Investimentos en Florianópolis, Brasil, indicó que antes de que comenzaran las protestas, los inversionistas estaban preocupados principalmente por el aumento de la inflación y los crecientes déficits presupuestarios.
Los inversionistas esperaban una ronda de recortes fiscales para cumplir con los límites de gasto delineados en las leyes brasileñas dirigidas a mantener la estabilidad económica. El ministro de Hacienda, Guido Mantega, dijo la semana pasada que el gobierno estaba preparado para «realizar ajustes adicionales en el gasto, como sea necesario».
No obstante, muchas cosas cambiaron desde entonces en el país.
La caída de los mercados muestra que los inversionistas creen que la prioridad de Rousseff será en última instancia aumentar el gasto para cumplir con las demandas populares, no ajustarse el cinturón.
La semana pasada, el mercado bursátil tocó su mínimo desde la recesión global de 2009. El marcado aumento de los rendimientos de los bonos reflejó la opinión de los inversionistas de que el banco central de Brasil deberá elevar las tasas de interés más de lo previsto para combatir la inflación.
Sin embargo, aunque las demandas de los manifestantes y los inversionistas parecen contradictorias, Barbosa sostuvo que comparten una causa importante. «El punto en común que ambos piden es más eficiencia, menos corrupción y más transparencia», dijo. «Mi esperanza es que el gobierno tome el mensaje correcto y empiece a abordar estos asuntos».
