Todos entendemos que la banca es un negocio lucrativo y que se ha modernizado, pero a la vez es un servicio público y ante la imposibilidad de que se autorregule, se hace necesaria la intervención.
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para Todos”, contempla extender en Colombia la cobertura del sistema financiero mediante la ampliación del acceso a los servicios provistos por los intermediarios formales y el desarrollo del mercado de capitales. Las estrategias de ampliación de la cobertura de los servicios financieros, para promover la inclusión de toda la población y la profundización financiera, son buenas; no obstante, las personas están inconformes, pues sienten que se abusa con los cobros excesivos en las comisiones por la prestación de los mismos y que se requiere de una pronta intervención estatal a través de una adecuada regulación tarifaria que posibilite su disminución.
El debate que se está dando en la actualidad en torno al tema es válido, sano y conveniente para el país, y no se trata de introducir trabas, distorsiones o crear entelequias, como lo han declarado en diferentes escenarios los gremios y analistas defensores de los intereses del sector financiero. Estos manifiestan la inconveniencia de la reciente autorización que el Gobierno obtuvo del Congreso, introducida en la ley de reforma tributaria, para dictar las normas que deben observar las instituciones financieras en la determinación de las tarifas que cobran por sus servicios, lo cual, expresan, pondría en peligro la meta de aumentar el crecimiento potencial de la economía a 6% anual, ya que no se contaría con una adecuada financiación y no se lograría el objetivo de la actual administración de bancarizar a los más pobres de Colombia.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, uno de los mejores economistas del país, tiene toda la razón, los servicios financieros son demasiado costosos, rayando con el abuso y deberían tener un precio justo, razonable, más acorde con la capacidad de compra de los clientes y usuarios. Lo cierto es que la tan sonada competencia de precios de los servicios que supuestamente se da entre las entidades financieras no existe y los precios son impositivos; si se diera algún tipo de competencia, esta no sería ‘perfecta’ como para que el mercado fije libremente los precios por efecto de la oferta y demanda y se trataría más bién de una competencia ‘monopolística’, donde quienes ostentan la posición dominante establecen los costos de manera unilateral ante un cliente indefenso y desprotegido. Si se comparan, son similares de un establecimiento a otro para los diferentes servicios (por ejemplo, las cuotas de manejo de las tarjetas de crédito, que en Brasil, Venezuela y Ecuador no se cobran), no varían mucho y en relación con otras latitudes la mayoría de los valores están por encima del promedio latinoamericano, observándose que incluso en algunos países hay otros servicios por los que ni siquiera se cobra, como es el caso de las transferencias bancarias y las consultas de saldos en cuentas.
Tampoco es muy cierto que el proceso de bancarización vaya a disminuir (a menos que la banca, de manera autónoma, restrinja la prestación de los servicios) si los costos de los servicios se intervienen y se establecen promedios y límites tolerables y moderados, como debe ser lo lógico; más bien esta continuará siendo lenta y los productos serán poco atractivos para los potenciales consumidores financieros de los estratos uno y dos que deseen ingresar al sector, por la situación limitada de sus ingresos y la incapacidad de pagar las elevadas comisiones exigidas por las transacciones. Esta sí es una verdadera traba para convertir a los más pobres, cerca de 20 millones, en clientes del sistema, no obstante que existen 18,3 millones de colombianos (el 62% de la población adulta) que poseen algún producto financiero. Con la próxima expedición del decreto reglamentario sobre regulación de tarifas se busca introducir más controles, ya que el Gobierno busca dictar normas claras para la difusión y fijación de los costos de las operaciones.
De otro lado, hay desconocimiento por parte de los usuarios acerca de los costos financieros, nivel de información que debe incrementarse y mejorar su calidad. En este sentido, la Superintendencia Financiera ha insistido en la necesidad de que se implementen adecuados programas de educación al consumidor financiero por parte de las entidades vigiladas. Anualmente las tarifas de los servicios crecen superando el índice de inflación, lo cual hace que para una persona de bajos recursos estos resulten inalcanzables, adicionalmente no es fácil trasladarse de una entidad a otra por los requisitos, condiciones y restricciones que se imponen. Si bien es cierto que algunos pagos y movimientos bancarios se pueden hacer gratis por Internet, a las personas de estrato 1 y 2 les representa un costo adicional acceder a este servicio.
Las utilidades del sector durante el 2010 fueron jugosas, del 17%. Este mes, por ejemplo, algunos bancos incrementaron sus tarifas por encima del 9%, cifra muy superior si se relaciona con la inflación de año inmediatamente anterior (3,17%), con el índice de precios al productor (4,38%) o con el incremento del salario mínimo (4%). Colombia solamente les pide a los banqueros cordura y flexibilidad, que sean menos indolentes con el clamor de las gentes y condescendientes con la situación económica que vive nuestra nación.
Dentro de las soluciones que plantean algunos analistas para hacer más llevadero el costo de los servicios se cuenta el establecimiento de tarifas diferenciales, por rangos equitativos, de acuerdo al volumen del movimiento financiero y al estrato económico al que pertenezcan, lo que favorecería a los de ingresos bajos. Para el caso de los retiros por cajero proponen exonerar de cobro por su uso hasta un número determinado de veces que se utilicen diaria o mensualmente. De igual manera, expertos opinan que algunos servicios como la expedición y manejo de tarjetas débito, consultas de saldos, retiros de cajeros electrónicos, consignaciones a nivel nacional y expedición de certificaciones bancarias, extractos y paz y salvos, no se deberían cobrar, dado que las entidades pagan tasas de interés ínfimas, hasta de 1% anual, por los depósitos que la gente mantiene en sus cuentas de ahorro (siendo el producto de mayor penetración entre la población), rendimientos que son absorbidos por el cobro de los demás servicios, reduciendo significativamente el capital inicial.
No se trata de atentar, menguar o acabar con la banca, como algunos han manifestado; al contrario, el sistema financiero debe crecer indudablemente y ser más sólido, a la vez debe continuar gozando de la confianza pública, pues es un instrumento de desarrollo. Todos entendemos que la banca es un negocio lucrativo y que se ha modernizado tecnológicamente, pero a la vez es un servicio público y, ante la imposibilidad de que esta industria se autorregule, se hace imprescindible y justa la intervención estatal, estableciendo mecanismos para el control de costos y evitar así las arbitrariedades y malas prácticas por cobros excesivos, que en últimas afectan más a los consumidores de bajos recursos. El costo de los productos y servicios debe ser razonable y equitativo, no desmesurado. Alabo el interés del señor Presidente de la República de poner en cintura a la banca para que de manera racional se bajen sus tarifas y que estas se ajusten a las características y realidad del mercado colombiano.
Fuente:
El costo de los servicios financieros
