Habrá zonas agropecuarias de desarrollo empresarial

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El Gobierno presentaría en pocos días el proyecto de Ley que hace claridad sobre la propiedad de la tierra.

Antes de finalizar este año podría quedar plenamente clarificado el tema de la normatividad sobre la limitación de la propiedad de la tierra en el sector rural colombiano. El Gobierno presentará al Congreso, posiblemente la próxima semana, un proyecto legislativo a través del cual busca abolir las diferencias de interpretación a la Ley Agraria 160 de 1994, que se registran incluso al interior de las entidades estatales. También se aprovechará la oportunidad para hacer precisiones sobre la Ley 30 de 1988.

No se trata de una reforma a la Ley, sino de la clarificación de las normas sobre la propiedad de la tierra.

Portafolio conoció los aspectos centrales del proyecto, que está siendo redactado por técnicos y asesores jurídicos del Ministerio de Agricultura, con la colaboración de expertos del sector. Por su parte, los gremios vienen colaborando con la presentación de documentos de apoyo en los que se plantean soluciones a los problemas más complejos que afectan la actual política agropecuaria.

La iniciativa planteará la necesidad reforzar los conceptos de zonas agropecuarias de desarrollo empresarial ya establecidas en la Ley 160 de 1994, y las zonas de reserva campesina, con lo cual se ratificará que el modelo de desarrollo rural es incluyente, es decir, que permite la agricultura de minifundio y la producción a gran escala. En el país ya existen zonas de reserva campesina, pero no así las de desarrollo agropecuario empresarial, como está establecido en la norma.

Un criterio que se reforzará será el de la Unidad Agrícola Familiar como un mínimo de tierra, no un máximo, en el que una familia pueda generar ingresos suficientes para tener una vida digna.

También se plantea el potencial agrícola que tenga cada zona, como referencia para la definición de la cantidad de tierra que se debe asignar a zonas de economía campesina.

Con estos criterios se reconocerá la importancia de la pequeña agricultura, pero a la vez se fortalecerá el concepto de que es necesario ratificar que el país requiere darles espacio a nuevas zonas de desarrollo empresarial agropecuario, sin afectar las zonas donde ya existe la pequeña producción.

El Gobierno también dejará establecida la necesidad de que haya una mayor integración de la producción, a través de los cultivos asociativos, figura que lleva casi dos décadas de aplicación y que ha dado resultados significativos en cultivos como el café y la palma de aceite. De la misma manera, se destaca el caso de éxito que representa la Cooperativa Lechera de Antioquia, Colanta, que gracias al trabajo asociado de miles de pequeños productores garantiza la compra de leche, lo que no sucede con otras actividades.

Portafolio conoció que el proyecto no se referirá de manera directa a temas como la comercialización o el crédito, la asistencia técnica. Estos factores hacen parte de la integralidad en los programas de redistribución de tierras y titulación de baldíos.

Entre de los criterios de análisis del modelo se advierte sobre la imposibilidad de que en una zona como los Llanos Orientales una persona pueda sobrevivir con menos de 200 hectáreas de tierra.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, indicó que “lo que se le está pidiendo al Gobierno es una ley que aclare las cosas en materia de tierras”.

“No podemos seguir con la actual crisis de la propiedad privada en el país”, dijo.

UNIDAD ENTRE LOS MINISTERIOS

El presidente de la SAC, Rafael Mejía, aseguró que uno de los problemas más complejos que enfrenta la agricultura es la falta de unidad de criterio de los ministerios. “Es necesario que las entidades del Estado trabajen coordinadamente. Todos los ministerios tienen algo que ver con el campo. Necesitamos solucionar problemas de inseguridad, infraestructura, comercialización, medio ambiente, energía, salud, educación y por supuesto agricultura”, entre otros aspectos.

“No es posible que el campo siga al vaivén de los paros y del bloqueo de vías que realizan personas que nada tienen que ver con el sector.

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